La aprobación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años abre una discusión que excede la cuestión estrictamente penal. Desde una mirada crítica, la medida representa una decisión política que busca responder a una problemática social mediante el castigo, en lugar de abordar las causas que llevan a niños y adolescentes a situaciones de marginalidad y delito.
Cuando un Estado decide responsabilizar penalmente a adolescentes cada vez más jóvenes, la discusión no puede separarse de las condiciones sociales en las que viven, del acceso a la educación, de las oportunidades laborales de sus familias y de las políticas destinadas a garantizar derechos básicos.
En ese contexto, la jueza Laura Beatriz de Marinis cuestionó la aplicación de la norma en un caso concreto. Su decisión volvió a colocar sobre la mesa un debate central: hasta dónde puede llegar el sistema penal y qué responsabilidad tiene el Estado en la prevención del delito y en la protección de niños y adolescentes.
La resolución provocó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y mediáticos, e incluso pedidos de juicio político contra la magistrada. Más allá de las diferencias jurídicas que puedan existir respecto de su decisión, la reacción abre otro interrogante: ¿hasta dónde puede llegar la crítica a un juez sin convertirse en una forma de presión sobre su independencia?
La respuesta al delito juvenil no debería agotarse en el aumento de las penas o en la reducción de la edad de imputabilidad. También exige discutir las condiciones económicas y sociales en las que crecen miles de jóvenes, particularmente aquellos pertenecientes a los sectores más vulnerables.
Desde esta perspectiva, resulta contradictorio exigir responsabilidades propias de los adultos a adolescentes que, en muchos casos, atravesaron situaciones de pobreza, exclusión o falta de oportunidades. Esto no significa desconocer los delitos ni los derechos de las víctimas, sino preguntarse qué políticas pueden evitar que esos hechos ocurran.
Por eso, la discusión de fondo no debería reducirse únicamente a determinar si un joven de 14 años debe ir preso.
También debería preguntarse qué responsabilidad tiene una sociedad cuando exige responsabilidades penales cada vez más tempranas mientras no logra garantizar plenamente derechos y oportunidades desde la infancia.
La seguridad, la justicia y la inclusión social no deberían presentarse como objetivos incompatibles. El desafío es construir políticas capaces de proteger a las víctimas, exigir responsabilidades frente al delito y, al mismo tiempo, evitar que la exclusión social siga alimentando nuevas situaciones de violencia.
Roberto Chuchuy
