Al gobierno de Javier Milei se le está terminando el crédito. Y no solamente el económico. La derrota en el Senado con la llamada “Ley de Tierras” y la movilización popular que acompañó esa jornada pueden leerse como síntomas de un desgaste más profundo: empieza a agotarse la expectativa social que, durante un tiempo, permitió sostener el sacrificio.
Una parte de la sociedad financió la espera.
Gastó ahorros, se endeudó, refinanció tarjetas y postergó consumos bajo una promesa: soportar el presente mientras el ordenamiento macroeconómico hacía su trabajo y, finalmente, mejoraba la vida cotidiana. Pero la espera tiene un límite. El crecimiento de la mora y la pérdida del acceso al crédito muestran que ese mecanismo de supervivencia también empieza a agotarse.
Con el crédito económico se debilita el crédito social. La estabilización puede ordenar variables y, al mismo tiempo, hacer más visibles las desigualdades. Cuando la inflación deja de funcionar como explicación de todos los males, aparece una pregunta más incómoda: ¿dónde quedé yo después del sacrificio?
Salario, empleo, vivienda, deuda y consumo pasan a ocupar el centro de la discusión.
También se agota el crédito político de Milei. Su capital inicial no provenía solamente de su programa, sino también de su condición de outsider. La “casta” explicaba el pasado y justificaba el costo del presente. Pero la novedad tiene un problema: solo puede utilizarse una vez. Milei ya no está afuera del sistema; gobierna, negocia, construye alianzas y administra el Estado. Después del outsider llegan la gestión, los resultados y los fracasos.
Por eso, la discusión decisiva empieza a ser otra: ¿qué será del posmileísmo?
La batalla futura no será solamente por derrotar a Milei, sino por definir qué quedará de Milei después de Milei. Qué reformas serán irreversibles, qué distribución del ingreso, qué derechos laborales, qué relación entre Estado y mercado y qué inserción internacional heredará la Argentina.
Las crisis de los proyectos hegemónicos no dejan un vacío: dejan una herencia. Y si al Gobierno efectivamente se le termina el crédito, la disputa siguiente será quién intenta conservar esa herencia, quién busca administrarla con otro lenguaje y quién se propone discutirla desde sus fundamentos.
