El fiscal impulsa nuevas declaraciones para reconstruir la ruta del dinero y esclarecer inconsistencias patrimoniales del funcionario.
La investigación judicial que involucra al funcionario nacional Manuel Adorni entra en una etapa decisiva con una serie de declaraciones testimoniales previstas a lo largo de la semana en los tribunales de Comodoro Py. La causa, que indaga presunto enriquecimiento ilícito y bienes no declarados, suma nuevos actores y profundiza el análisis sobre el origen de su patrimonio.
El fiscal Gerardo Pollicita dispuso una agenda de citaciones con el objetivo de reconstruir los movimientos financieros vinculados a la compra de tres propiedades y las reformas realizadas en una de ellas, bajo sospecha de irregularidades en las declaraciones juradas del funcionario.
En el inicio de la ronda de testimonios fueron convocados los responsables de la inmobiliaria que intervino en la operación de un departamento ubicado en la calle Miró. Se trata de la martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi, quienes participaron en la venta del inmueble a dos jubiladas que, apenas tres meses después, lo transfirieron a Adorni. La fiscalía busca determinar el valor real de la operación y las condiciones en las que se concretó.
Uno de los puntos más llamativos de la causa gira en torno a una hipoteca privada de 200 mil dólares otorgada por las jubiladas, quienes habrían asegurado no conocer al funcionario. En ese marco, el miércoles declarará Pablo Martín Feijoo, señalado como posible intermediario en la operación, lo que podría arrojar luz sobre el vínculo entre las partes.
La investigación también pone el foco en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Allí, el viernes 24 de abril deberá presentarse el constructor Matías Tabar, responsable de las reformas en el lote. El fiscal le solicitó documentación clave como presupuestos, facturas y registros de comunicación para verificar quién financió las obras y si los montos se condicen con los ingresos declarados por el funcionario.
Además, se analiza el pago de una cuota de ingreso al barrio privado de aproximadamente 5 mil dólares y expensas mensuales cercanas a los 700 mil pesos, que figurarían a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
El cronograma de declaraciones concluirá el lunes 27 de abril con el testimonio de Juan Cosentino, quien vendió la propiedad en el country. Con este conjunto de medidas, la Justicia busca contrastar los valores de mercado con los datos presentados ante la Oficina Anticorrupción y avanzar en la determinación de posibles responsabilidades.
Mientras tanto, en paralelo al avance judicial, el propio Adorni mantiene una postura desafiante en redes sociales, donde ironiza sobre las acusaciones en su contra, en un contexto donde la causa no deja de escalar y sumar elementos bajo análisis.
