En un movimiento que oscila entre la urgencia financiera y el realismo político, el Gobierno de Salta confirmó, mediante el Decreto 493, la firma del Convenio de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
El acuerdo expone un escenario incómodo: Nación reconoció una deuda con la Provincia de $1.868 millones, mientras que Salta admitió obligaciones por $267.782 millones. Tras compensar ambos montos, el saldo neto asciende a $265.914 millones a favor del Estado nacional.
El convenio también implica el desistimiento de las causas judiciales que la Provincia mantenía contra el Estado nacional. A cambio, Salta accede a un esquema de cancelación que contempla un primer tramo de $77.700 millones, que será abonado en cuatro cuotas a partir de agosto; otro pago en diciembre y el refinanciamiento del capital restante a una tasa nominal anual del 15%.
La garantía establecida es contundente: si la Provincia incumple el cronograma acordado, Nación podrá descontar directamente los montos correspondientes de los fondos de la coparticipación federal.
En este contexto, también queda bajo interrogante el financiamiento provincial de obras como el puente de Vaqueros y la ruta nacional 9/34, cuya finalización depende de recursos que originalmente correspondían a Nación.
Más allá del discurso oficial sobre la “normalización” de las cuentas, el acuerdo deja a Salta comprometida financieramente durante los próximos años y con un margen de acción más reducido frente al Gobierno nacional.
