Con altos funcionarios de un centenar de países, Buenos Aires es sede de una cumbre internacional de la DEA. La convocatoria tiene como eje oficial la cooperación contra el narcotráfico, pero, tras más de un siglo de políticas de “guerra contra las drogas”, el negocio criminal continúa. La cumbre también refuerza el vínculo de Milei con Trump y la agenda de seguridad impulsada por Estados Unidos.
El Palacio Libertad, en Buenos Aires, recibe a cientos de delegados internacionales en la 40ª Conferencia Internacional contra el Narcotráfico. La cumbre, encabezada por la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, y organizada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), se presenta como un hito de la cooperación internacional.
Sin embargo, este tipo de encuentros también vuelve a poner en discusión los resultados de una política sostenida durante décadas: la denominada “guerra contra las drogas”. Pese a los recursos destinados a combatirlo, el narcotráfico continúa siendo un negocio criminal de alcance internacional.
Su funcionamiento, además, no puede explicarse únicamente por la existencia de organizaciones dedicadas a la producción y comercialización de drogas. El movimiento de grandes cantidades de dinero ilegal requiere mecanismos de lavado y estructuras capaces de facilitar u ocultar esas operaciones.
En ese contexto, la realización de la cumbre en Buenos Aires trasciende la discusión sobre el combate al narcotráfico y vuelve a mostrar el alineamiento político del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos y con la agenda de seguridad promovida desde Washington.
A más de un siglo del comienzo de las políticas prohibicionistas, la pregunta continúa abierta: si la denominada “guerra contra las drogas” no logró terminar con el narcotráfico, ¿hasta qué punto insistir con la misma estrategia puede ofrecer resultados diferentes?
