Tras dos años de congelamiento, ministros, secretarios y subsecretarios recibieron incrementos de hasta el 123%. El Gobierno argumenta que la suba quedó por debajo de la inflación acumulada.
El Gobierno nacional dispuso a comienzos de 2026 un fuerte incremento en los salarios de los principales funcionarios del gabinete, que en algunos casos superó el 120% en pocos meses. La medida puso fin al congelamiento salarial que regía desde el inicio de la gestión de Javier Milei, aunque mantuvo sin cambios los ingresos del Presidente y la vicepresidenta.
La recomposición fue oficializada a través de un decreto firmado el 2 de enero, en un contexto de presión interna por la pérdida de funcionarios y dificultades para retener personal jerárquico debido a los bajos sueldos en comparación con el sector privado.
De acuerdo a datos oficiales, los ministros pasaron de percibir poco más de $3,5 millones en diciembre a superar los $8 millones en mayo. En la misma línea, los secretarios y subsecretarios también registraron aumentos significativos, con subas que rondan entre el 100% y el 123% según el período analizado.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, percibe un salario equivalente al de un ministro. Su situación, además, se encuentra bajo análisis judicial en el marco de investigaciones por su evolución patrimonial y viajes al exterior.
Desde la Casa Rosada justificaron la decisión al señalar que los salarios venían retrasados frente a la inflación acumulada, que estiman en un 194% durante los últimos dos años. En ese sentido, argumentaron que era necesario actualizar las remuneraciones para garantizar un esquema “competitivo y acorde a las responsabilidades” de los cargos.
Sin embargo, la medida generó cuestionamientos en distintos sectores, en especial por el contraste con los ingresos del resto de los trabajadores estatales. Según datos gremiales, el salario promedio en la administración pública nacional ronda los $1,2 millones, muy por debajo de los niveles del gabinete.
La comparación también se extiende a otros poderes del Estado. Mientras los diputados perciben alrededor de $7 millones y los senadores superan los $11 millones, un juez de la Corte Suprema tiene un salario cercano a los $9,9 millones.
El tema salarial vuelve así al centro del debate político, en un Gobierno que construyó gran parte de su discurso en torno a la austeridad y la reducción del gasto público. La decisión de aumentar los sueldos del gabinete, aunque justificada por la pérdida frente a la inflación, abre interrogantes sobre el equilibrio entre ajuste fiscal y estructura estatal.
En paralelo, el contexto político se volvió más complejo para el oficialismo en los últimos meses, con investigaciones judiciales en curso y cuestionamientos por distintos frentes. Aun así, desde el Ejecutivo sostienen que las medidas adoptadas responden a la necesidad de fortalecer el funcionamiento del Estado sin comprometer el orden fiscal.
